Un fraude llamado Lula

Alberto López Núñez – https://www.elnacional.com/columnas/2026/10/un-fraude-llamado-lula/

Lula en una curiosa voltereta del electorado que hace pensar en el fraude electoral, característico de los regímenes del movimiento (Foro de Sao Paulo) que él con el sátrapa Fidel Castro creó, los del Socialismo del Siglo XXI, que se han caracterizado por imponer su permanencia en el poder a través del fraude, acaba de ser elegido por cuarta vez presidente del gigantesco Brasil. Independientemente del fraude o no en esta elección quiero destacar es que la vida política del inefable Lula es todo un fraude, pues su trayectoria termina desmintiendo la identidad moral sobre la que construyeron su poder. El antiguo líder sindical convirtió su biografía obrera en un certificado de superioridad ética, su oposición a la dictadura brasileña en una credencial democrática permanente y su discurso social en una coartada frente a cualquier cuestionamiento. Pero ninguna historia de sacrificio concede inmunidad. Cuando se contrastan aquellas promesas con sus alianzas, sus justificaciones y el legado de corrupción que atravesó los gobiernos de su partido, aparece una impostura política de dimensiones continentales.

El fraude al que me refiero es esa distancia entre la virtud proclamada y la conducta practicada. Lula ha exigido para sí una indulgencia que sus adversarios jamás reciben: sus errores siempre tendrían contexto; sus aliados autoritarios, circunstancias; los escándalos de su entorno, explicaciones; las víctimas de sus amigos, paciencia. Ese sistema de excepciones constituye el verdadero núcleo de su liderazgo. La moral sirve para conquistar el poder; una vez conquistado, empieza la negociación de sus principios.

La primera fractura se encuentra en su promesa de regeneración pública. Quien surgió del sindicalismo como impugnador de las élites acabó encabezando un proyecto que convivió con grandes intereses empresariales y con una corrupción que alcanzó una escala devastadora. Las condenas de Lula en los procesos de Curitiba fueron anuladas en 2021 por falta de competencia del tribunal, y el Supremo Tribunal Federal confirmó la parcialidad de Sergio Moro en el caso del tríplex. Por lo tanto, no es que fue absuelto, sino que no se le declaró culpable por una razón   procedimental, no se negó sus prácticas corruptas, sino agarrados de fallos de procedimiento se le eximió de la pena, pero su culpabilidad quedó históricamente patente.

Sa defensa de Lula se basa en que, si una condena cae, entonces ninguna pregunta podría hacerse sobre el sistema que prosperó alrededor del gobernante. Semejante pretensión resulta intolerable. El debido proceso protege al ciudadano; no cancela el escrutinio del presidente.

Odebrecht proporciona la medida de aquel desastre. En diciembre de 2016, la constructora y Braskem se declararon culpables en Estados Unidos dentro de un caso internacional de sobornos. Odebrecht admitió pagos aproximados de 788 millones de dólares a funcionarios, intermediarios y partidos en distintos países. La empresa llegó a contar con una división especializada que administraba pagos clandestinos. No hablamos de una irregularidad contable ni de una campaña de desprestigio: hablamos de corrupción empresarial reconocida por sus responsables, con ramificaciones internacionales.

Lula fue el propulsor de esa maquinaria y su absolución procedimental por la justicia brasileña no borra las pruebas de esa gigantesca campaña corruptora de nivel continental.  La acusación política es demoledora: el proyecto que ofrecía rescatar al Estado de los poderosos no impidió que semejante estructura prosperara durante sus años de gobierno. ¿Dónde quedó la superioridad ética proclamada? ¿Qué valor tenía la retórica de emancipación mientras grandes contratistas compraban decisiones públicas? Cada soborno degradaba la competencia, encarecía la política y convertía al ciudadano en espectador de acuerdos cuyos verdaderos beneficiarios permanecían ocultos.

La segunda fractura es todavía más obscena: el antiguo opositor a la dictadura brasileña encontró razones para admirar, proteger o disculpar a gobernantes autoritarios de izquierda. Su relación con Fidel Castro expresa esa contradicción con especial crudeza. Al morir el dirigente cubano, Lula lo presentó como el mayor de los latinoamericanos. Aquella exaltación retrata una jerarquía moral en la que la fidelidad revolucionaria pesa más que las libertades negadas a los ciudadanos. El problema no es mantener relaciones diplomáticas con Cuba; es convertir a su gobernante en una referencia de grandeza.

Quien padeció una dictadura debería comprender, sin excusas ideológicas, el valor de organizar un partido opositor, publicar una denuncia o disputar el gobierno. Sin embargo, para cierta izquierda, esos derechos parecen universales únicamente cuando gobierna el adversario. Cuando manda un aliado, la represión adquiere explicaciones históricas y la ausencia de alternancia se convierte en resistencia. Lula representa esa doble contabilidad de la libertad: severidad democrática hacia unos y comprensión interminable hacia otros. Es una traición al principio que dice defender.

El Foro de São Paulo permite entender la dimensión organizada de esas afinidades. Su origen en una convocatoria de Lula y Fidel Castro, en julio de 1990, está reconocido incluso por fuentes vinculadas a la izquierda brasileña. Surgió en el contexto de la caída del Muro de Berlín para discutir los caminos de las izquierdas latinoamericanas. Mientras el derrumbe del bloque soviético exigía revisar el autoritarismo comunista, Lula contribuía a construir un espacio político compartido con el jefe del régimen cubano.

El Foro inventó el llamado Socialismo del Siglo XXI, eufemismo para el neocomunismo, que estableció dictaduras como las de Chávez y Ortega, y gobiernos autoritarios en el resto de los países en los que gobernó, todos con una característica común: el colosal fracaso como en todo gobierno socialista, con el predominio de miseria y opresión. Si la pertenencia ideológica permite convivir con gobiernos que niegan a sus opositores los derechos que otros miembros reclaman para sí, la solidaridad se convierte en encubrimiento político. Un espacio que pretende hablar en nombre de los pueblos debe responder también por su tolerancia frente a quienes los someten.

Alejandro Peña Esclusa lleva esta crítica mucho más lejos en “Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo”. Él sostiene que alrededor del Foro existen vínculos con organizaciones guerrilleras y criminales, y denuncia un método de manipulación electoral desarrollado en Venezuela y extendido a otros países.  Su utilidad para este debate consiste en plantear una pregunta incómoda sobre las redes de protección ideológica que pueden facilitar la permanencia autoritaria.

La participación histórica de las FARC en el Foro está registrada. El apoyo del régimen cubano a las Farc y el ELN está comprobado. El contubernio de Chávez y Maduro con el narcoterrorismo también es un hecho histórico; y todo esto fue apoyado por el tal demócrata Lula, que en realidad es un sinvergüenza.  

Venezuela muestra con particular nitidez las consecuencias del doble rasero. En mayo de 2023, al recibir a Nicolás Maduro en Brasilia, Lula trató las denuncias de autoritarismo como parte de una narrativa contra Venezuela. En junio defendió la relatividad del concepto de democracia y apeló a la frecuencia de las elecciones venezolanas. Ese razonamiento degrada el significado del sufragio: convocar votaciones no garantiza competencia libre, derechos para la oposición ni posibilidad efectiva de perder el poder. El calendario electoral puede coexistir con la demolición de las garantías democráticas.

La elección venezolana de julio de 2024 volvió insoportable aquella indulgencia. El Centro Carter concluyó que el proceso no cumplió los estándares internacionales de integridad electoral y no podía considerarse democrático. Señaló restricciones, desigualdad y falta de transparencia. Su informe final añadió que las actas difundidas por la oposición demostraban una victoria clara de Edmundo González, mientras la autoridad electoral no aportaba los resultados desagregados que sustentaran su proclamación de Maduro. Aquí existen hallazgos documentados que negó u obvió el “demócrata” Lula.

Su resistencia, en agosto de 2024, a calificar de dictadura al régimen venezolano revela la persistencia del problema. Incluso cuando reclamaba transparencia, seguía administrando las palabras para amortiguar el juicio político sobre su aliado. La rectificación parcial no vuelve inocua la legitimación anterior.

Lula instauró el fraude electoral en el continente, como un mecanismo sistemático del SSXXI para perdurar en el poder. Él tiene la responsabilidad de haber contribuido a normalizar un ambiente donde la identidad ideológica compra indulgencia democrática. Ese daño merece una crítica radical porque afecta el principio elemental de la soberanía popular. Nadie adquiere derecho a perpetuarse por proclamarse defensor de los pobres, heredero de una revolución o enemigo de Washington. El voto pertenece al ciudadano, incluso cuando destruye las expectativas de quienes dicen representarlo.

Por eso llamo fraude a Lula: por la distancia entre su autoridad moral proclamada y las excepciones que concede al poder amigo. La biografía obrera no excusa el fracaso de la vigilancia pública; la lucha contra una dictadura no autoriza a embellecer otras; la justicia social no convierte la opacidad en virtud. América Latina necesita dirigentes capaces de aplicar a sus aliados los principios que exigen a sus adversarios. Mientras Lula reclame admiración por sus antiguas luchas y comprensión por sus contradicciones presentes, su leyenda seguirá funcionando como una coartada. Y ninguna leyenda vale más que la libertad de un pueblo.